La iniciativa busca fomentar las capacidades de investigación e innovación, a través de los principios de la economía circular, con el fin de propiciar la reactivación económica y resiliencia de empresas y organizaciones. El llamado estará vigente hasta febrero de 2022 y las bases están disponibles en la página de ANII. Los proyectos seleccionados serán financiados en hasta el 70% del presupuesto y deberán ejecutarse en un año. Presentación del Fondo de investigación e innovación en economía circular Para participar del Fondo de Investigación e Innovación en Economía Circular podrán postularse organizaciones y empresas del sector privado radicadas en el país; quedan excluidas, entre otras, aquellas instaladas en zonas francas, puerto libre y depósitos aduaneros. Los proyectos seleccionados recibirán un financiamiento no reembolsable de hasta el 70% de su presupuesto, con un límite máximo de hasta 2.200.000 millones de pesos; deberán ejecutarse en el plazo de un año. El fondo está gestionado conjuntamente por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el BID Lab (Laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo), la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi). La financiación de los proyectos se llevará a cabo mediante dos modalidades: por un lado, se otorgarán los denominados “vouchers circulares”, con el fin de colaborar para que empresas y organizaciones sean generadoras de capacidades de innovación a futuro y, por otro lado, se financiará, concretamente, la innovación en un producto, servicio o proceso. Los vouchers circulares consisten en una ayuda económica de hasta 640.000 pesos y el otro producto innovador se apoyará con un aporte máximo de 2.200.000 pesos. El llamado estará vigente hasta el 17 de febrero de 2022 y sus bases están disponibles en la página de ANII. En la conferencia de lanzamiento del fondo, este martes 9 de noviembre, participaron el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri; el presidente de la ANII, Flavio Caiafa; el representante de Onudi, Manuel Albaladejo, y la gerenta de Innovación y Emprendimientos de la Agencia, Ximena Camaño. “Nuestra preocupación es producir más y mejor, generar menos residuos y aplicar más tecnología”, sostuvo Verri en su oratoria. Agregó que sería importante para Uruguay liderar en la región en materia de economía circular y en aplicación de tecnología para responder a cambios que el mundo necesita. El subsecretario, entrevistado por medios periodísticos, dijo que resulta fundamental incorporar conceptos de economía circular a la cadena de producción y dejar atrás el concepto de "extraer, usar y tirar" de otros tiempos, para utilizar con mejores resultados los recursos existentes, hacerlos más duraderos, generar menos residuos y producir otros bienes. En tanto, Caiafa expresó que la ciencia, la tecnología y la innovación son principales factores para asegurar el crecimiento económico y el desarrollo social de los países, y que la ANII focaliza en impulsar a Uruguay hacia ese cometido. Además, dijo que el país atrae a científicos, emprendedores y empresarios como lugar de residencia y para ejercer su actividad económica, debido al buen manejo sanitario y económico de la pandemia. Por su parte, Camaño destacó que el fondo busca generar investigación e innovación en cuanto al uso de tecnología 4.0, a través de los principios de fomentar la economía circular: regenerar, compartir, optimizar, recircular, desmaterializar e intercambiar.
Más informaciónLa ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se encuentra en la 26.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), en Glasgow, Escocia, participando en paneles con autoridades internacionales y encuentros bilaterales con representantes de diversos organismos y gobiernos. La convención reúne delegaciones de unos 200 países para impulsar acciones que frenen la emergencia climática. Ministra Azucena Arbeleche en la 26.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) Además de la secretaria de Estado, la delegación uruguaya de la cartera está integrada por el asesor en Economía Ambiental Marcelo Caffera y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil, a los que se sumará en los próximos días el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Arbeleche, quien preside desde el 1.º de noviembre, y por primera vez para Uruguay, el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, moderó el panel denominado “Movilización de financiamiento para países emergentes y en desarrollo”, que también integraron David Malpass, presidente del Banco Mundial; Danny Alexander, vicepresidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) —al que Uruguay se incorporó en mayo de 2020—; Nigel Clarke, ministro de Finanzas de Jamaica, y Odile Renau-Basso, presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). La ministra de Economía destacó en su intervención que la emergencia climática global demanda acciones inmediatas y soluciones a largo plazo. “Necesitamos cambios transformadores”, manifestó. Asimismo, opinó que los mercados emergentes y los países desarrollados necesitarán billones de dólares en inversión adicional anual durante décadas para desarrollar energías verdes e infraestructura climática resiliente. “Los anuncios y compromisos, si no están acompañados de acciones y rendiciones de cuentas, son meras palabras”, puntualizó. Expresó, además, que los países desarrollados deben esforzarse por cumplir con el compromiso de desplegar los recursos prometidos y que los países en desarrollo necesitan demostrar que están preocupados por el cambio climático y llevar a cabo acciones creíbles. Como presidenta del Comité de Desarrollo, Arbeleche sostuvo que impulsará propuestas prácticas para abordar los desafíos mediante la utilización de incentivos e innovación financiera para premiar las políticas sustentables. En este sentido, señaló que una forma de hacerlo es vincular el costo del crédito de los países con su éxito en el cumplimiento de objetivos climáticos incluidos en Acuerdo de París. “Los países que cumplan con sus compromisos y muestren un buen desempeño ambiental deberían pagar tasas de interés más bajas, liberando así recursos para metas más ambiciosas”, resaltó. La secretaria de Estado informó que el Gobierno de Uruguay trabaja en desarrollar un bono soberano indexado a indicadores sostenibles, que incorporará de forma explícita criterios ambientales con visión de futuro. También se planteará que los préstamos de los organismos multilaterales incorporen métricas ambientales alineadas con el convenio antes citado, con costos de financiamiento diferentes según la contribución de los países a los bienes públicos globales. Reuniones bilaterales y con organismos internacionales Durante uno de los encuentros que mantuvo en el marco de la COP26, Arbeleche dialogó con la directora general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala. En la oportunidad, la ministra enfatizó en que un acceso amplio y sin restricciones para que los países vendan sus productos en el extranjero contribuirá a un desarrollo sostenible y a crear empleos. En particular, se refirió a países abiertos, como Uruguay, en los que el libre comercio con el resto del mundo es un motor clave de crecimiento, inversión extranjera e innovación. Asimismo, se reunió con la subsecretaria de Economía del Reino Unido, Helen Whately. En la ocasión, Arbeleche destacó el liderazgo de Gran Bretaña tanto en los asuntos de cambio climático y biodiversidad como en la Coalición de Ministros de Finanzas para el Cambio Climático, que Uruguay integra desde el año pasado. Diálogo ministerial sobre emisiones de carbono La secretaria de Estado también participó en el panel de diálogo ministerial sobre cambio climático, enfocado en el financiamiento para un futuro sin emisiones de carbono, actividad moderada por el ministro de Economía del Reino Unido, Rishi Sunak. En la instancia, subrayó que Uruguay, por primera vez, incluyó en la ley de presupuesto nacional artículos en los que se incorporaron los criterios de cuidado ambiental en la política económica conocidos como Principios de Helsinki. Por otro lado, el Banco Central forma parte de la Red para Enverdecer el Sistema Financiero (Network for Greening the Financial System). Además, Arbeleche reconoció el apoyo de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien elogió el trabajo de nuestro país para incorporar los factores de cambio climático en el diseño de la política económica. https://youtu.be/2vKy_a9M4ts
Más informaciónLa Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Uruguay (PNUD), las intendencias y los municipios de Cerro Largo, Durazno, Tacuarembó y Treinta y Tres firmaron acuerdos para la ejecución de proyectos del Fondo de Iniciativas Locales, a fin de profundizar la recuperación socioeconómica, tras la pandemia por COVID-19. Autoridades de OPP, AUCI y PNUD Los convenios fueron suscriptos en la mañana de este lunes 23, en Torre Ejecutiva, en una ceremonia encabezada por el subdirector de la OPP, Benjamín Irazábal; el director de la AUCI, Mariano Berro; el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Uruguay, Stefan Liller, y la coordinadora general del Área de Descentralización y Cohesión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), María de Lima. En la firma de los acuerdos fueron contraparte los intendentes de Tacuarembó, Wilson Ezquerra; por Durazno, Carmelo Vidalín; y por Treinta y Tres, el intendente Mario Silvera. También Graciela Echenique, por la secretaría general de la Intendencia de Cerro Largo; Macarena Da Rosa, alcaldesa de Tupambaé (Cerro Largo); Eduardo Lucas, alcalde de Arévalo (Cerro Largo); Carlos Luberriaga, alcalde de Sarandí Del Yí (Durazno); y Luis Irigoin, alcalde Paso de los Toros (Tacuarembó). Asimismo, hicieron lo propio Asdrubal Rodríguez, alcalde de San Gregorio de Polanco (Tacuarembó); Pablo Echeverria, alcalde de Santa Clara de Olimar (Treinta y Tres), y los directores de Descentralización, Desarrollo y equipos técnicos de las intendencias presentes. El Fondo de Iniciativas Recuperación Socioeconómica fue creado para promover una economía basada en patrones de producción y consumo sostenibles; así como en el principio de “no dejar a nadie atrás”, con foco en mujeres y jóvenes; y relacionar la economía con la gobernanza, mediante una estrategia de diseño de propuestas locales y microrregionales enmarcadas en alianzas interinstitucionales. En Tacuarembó, los acuerdos permitirán crear fuentes de empleo en Achar y Clara, fortalecer la gestión de residuos en Paso de los Toros y desarrollar el paseo de los artesanos en San Gregorio de Polanco. También generarán incidencia comercial de emprendimientos en las localidades de Pueblo Centenario, Carlos Reyles, Blanquillo, La Paloma y Sarandí del Yí, en Durazno. En Arévalo, departamento de Treinta y Tres, habrá instancias de sensibilización de la población respecto al valor del agua y se establecerá un centro de monitoreo de empleo. En tanto, en Tupambaé, Cerro Largo, se desarrollarán proyectos de emprendimientos locales y huertas familiares en Santa Clara de Olimar. La inversión total en proyectos superará los 5.000.000 pesos, con distintos montos de financiamiento para los proyectos para cada localidad. Los acuerdos entre el Gobierno nacional, las intendencias y los municipios permiten aplicar políticas de cercanía en el territorio en diferentes departamentos, indicó el intendente Irazábal En igual sentido, Berro explicó que se apunta a acercar el Gobierno a la población y contribuir con el desarrollo productivo. El mandato de la cooperación es ser parte de la respuesta, complementar las políticas públicas y ser subsidiarios de aquellos que toman las decisiones, añadió. El director de AUCI dijo que esa institución trabaja para brindar protagonismo a las propuestas, las ideas y soluciones, con participación de la sociedad civil. Además, agradeció la al PNUD por valorar las decisiones adoptadas por Uruguay en materia de trabajo. De Lima dijo que estos convenios son producto del trabajo coordinado con AUCI hacia una “cooperación ordenada” que no superponga políticas y que estas lleguen en tiempo y forma a los destinatarios. “El PNUD quiere seguir siendo un socio importante para Uruguay”, destacó su representante residente. Para Liller, estos proyectos contribuyen al proceso de descentralización de Uruguay, a la vez que profundizan la democracia, la igualdad y el su desarrollo pleno de las personas en su lugar de nacimiento. https://youtu.be/7cve3oPsIJI
Más informaciónEl Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó, este jueves 5, el proceso que se lleva adelante para realizar el Censo 2023, que ofrecerá nuevos datos demográficos de Uruguay. El titular del INE, Diego Aboal, sostuvo que el registro, que requerirá de 10.500 personas para el trabajo de campo, será obligatorio y permitirá conocer la cantidad de habitantes, viviendas y hogares. Presentación del Censo En el acto, desarrollado en la Torre Ejecutiva, participaron, además de Aboal, el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y presidente de la Comisión Nacional de Censo, Isaac Alfie; el director del Censo 2023, Leonardo Cuello; el subdirector del INE, Federico Segui, y la asesora externa Rosa Groskoff. También asistieron a la presentación el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; la ministra de Vivienda, Irene Moreira; el ministro interino de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza; el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Hugo Odizzio, y el titular del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Sergio Rico, entre otras autoridades. El INE realizará en 2023 el noveno censo de población, el quinto de hogares y el séptimo de viviendas. Sus características serán las de un censo de derecho, similar a los de 2004 y 2011, lo que supone registrar a toda la población del país en la vivienda u hogar donde reside habitualmente. Aboal expresó que esta iniciativa es la mayor operación estadística del instituto y que genera información de relevancia para todo el país. Asimismo, celebró el apoyo de la OPP, que priorizó el proyecto y adjudicó los fondos necesarios. El cronograma de actividades comenzó en el año 2020, habrá pruebas piloto durante 2021, otra etapa de registro experimental en 2022 y se concretará el trabajo de campo en 2023. La cobertura será universal, mediante un cuestionario al que la ciudadanía puede hacer aportes en el sitio web del INE. El jerarca explicó que el personal de campo será contratado, para asegurar la cantidad necesaria, y que la muestra se tomará con dispositivos electrónicos que facilitarán el procesamiento de los registros. Además, se realizará una evaluación para calificar la calidad de los datos obtenidos. “Es un censo tradicional de golpear puertas”, relató. Informó que, una vez culminado este proceso, se comenzará a avanzar en el uso de registros administrativos para el conteo de población, método con el cual se puede acceder al 98% de las viviendas. En el cuestionario se incluirán cuestiones de género y se podrá acceder, a través del sitio web del INE, para completar parte de la información. En su intervención, Alfie destacó que la tarea del emprendimiento no es solo contabilizar la población total del país, sino también conocer dónde y cómo vive y las necesidades que plantea. “Es un despliegue de una magnitud enorme”, manifestó. Señaló que las variables que ofrece esta tarea permitirán planificar políticas y acciones de gobierno y focalizar de forma certera los recursos públicos. Además, planteó que el Censo 2023 será el último de esta dimensión territorial, ya que la corriente mundial ha transitado hacia los registros estadísticos y administrativos. El titular de la OPP hizo referencia, asimismo, a la comunicación de los resultados. Dijo que se llevarán a cabo todas las etapas necesarias y se tomarán precauciones para obtener datos confiables. No obstante, remarcó, la tecnología permitirá conocer información más rápido que en otras oportunidades. “Es un insumo para la población, pero, básicamente, para el sector público y la toma de decisiones intrínseca”, indicó. Respecto al asesoramiento de Rosa Groskoff, manifestó que es un gran aporte en cuanto a experiencia, ya que fue la directora del INE que gerenció la muestra realizada en 1985. Insistió en que la actual es la etapa clave del proceso, ya que es cuando se planifica toda la operativa y las variables por medir. El director del Censo 2023, Leonardo Cuello, estimó que se necesitarán 10.500 censistas, que trabajarán en todo el país durante un mes. “El desafío es llegar a ese número y distribuirlo en todo el territorio”, manifestó. Declaraciones del titular del INE, Diego Aboal https://youtu.be/VLCZwliwvV4
Más información“El Gobierno evaluó la situación de la tarifa de combustibles, con un ajuste máximo de 12%”, informó el ministro de Industria, Omar Paganini, junto con su par de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. La adecuación, que estará alineada a los precios de paridad de importación (PPI), será de 7,1 pesos por litros para la nafta súper, de 4,9 pesos por litro para el gasoil común, añadieron. Arbeleche y Paganini Pie de foto: Arbeleche y Paganini La medida comenzará a regir partir de la hora 00:00 de este martes 8 de junio. Esta decisión intenta cuidar el empleo y a los sectores productivos, destacó Arbeleche, en la conferencia de prensa desarrollada en la tarde de este lunes 7, en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva. El Gobierno analizará la situación mes a mes, en función del análisis del efecto social y económico de la pandemia, señalaron las autoridades. Paganini indicó que el nuevo sistema implica un alineamiento con los precios internacionales del petróleo y se repetirá en forma mensual. Arbeleche complementó que la adecuación no contempla los sobrecostos nacionales, lo que lleva a Ancap a resignar unos 10 millones de dólares. Si se incluyera ese aspecto, el aumento sería de 17,4 pesos por litro en el caso de la nafta y de 19,5 pesos por litro para el gasoil, agregó. El ajuste de precio máximo de venta al público será de 12%. La nafta súper subirá 7,1 pesos y el gasoil de uso común, 4,9 pesos por litro, precisó Paganini. Además, se mantiene el subsidio sobre el supergás. El ministro de Industria, Energía y Minería indicó que, en atención a la situación del impulso a la reactivación y contención de los problemas ocasionados por la pandemia de COVID-19, el Gobierno resolvió no aplicar el adicional que correspondería tomando en cuenta los sobrecostos nacionales. Recordó que el precio del crudo a nivel internacional está en alza en forma sostenida desde diciembre de 2020, cuando era de 50 dólares, y que ahora el precio del barril Brent ronda los 72 dólares. Arbeleche destacó el diálogo con Ancap, que permitió priorizar el aumento de empleo y el apoyo al sector productivo y, en particular, a las empresas más pequeñas. Este nuevo mecanismo permite al ente trasladar al consumidor el valor de adquisición del crudo, lo que asegura los ingresos de la empresa, precisó.
Más informaciónLos resultados de la emisión de bonos globales con vencimiento en 2031, en pesos nominales y dólares, demuestran la confianza de los inversores en la política monetaria uruguaya, afirmó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en una conferencia de prensa. La emisión de ambos a tasas bajas superó los 1.740 millones de dólares, lo que interesó a inversionistas de más de cien países, destacó. Marcela Bensión, Azucena Arbeleche, Alejandro Irastorza y Herman Kamil Pie de foto: Marcela Bensión, Azucena Arbeleche, Alejandro Irastorza y Herman Kamil La emisión a 10 años en pesos nominales (es decir, sin indexarla a la inflación) fue calificada como exitosa por Arbeleche, entre otros motivos, porque fueron colocados bonos equivalentes a 1.166 millones de dólares a una tasa de interés de 8,25% anual, la más baja en la comparación histórica de las emisiones que ha realizado Uruguay. Por otra parte, destacó que Uruguay es el primer país latinoamericano que este año emite bonos en su propia moneda en los mercados de capitales internacionales. Para el caso de los dólares, manifestó que “el elemento distintivo es la comparación con Estados Unidos”, una diferencia de 80 puntos básicos, lo que representa menos de un punto de tasa porcentual de diferencia con los que emite ese país. La reapertura del bono en dólares a 2031 se concretó por 500 millones. La ministra dijo que se continuará con el programa del Gobierno para 2021, con el objetivo de financiar las medidas diseñadas para proteger a los sectores más vulnerables y apoyar la reactivación económica y el empleo luego de la pandemia de COVID-19. También se seguirá desarrollando el mercado de bonos en pesos a tasa fija, con uno nuevo de referencia (benchmark) en un plazo intermedio. Según explicó la jerarca, el programa financiero para este año prevé un total de bonos por un valor de 3.860 millones; entre lo que se emitió este jueves, lo que se lleva emitido y lo que se emitirá el segundo semestre en el mercado local, están cubiertas el 85% de las necesidades de financiamiento proyectadas para 2021. Arbeleche indicó que la transacción no significó posponer la deuda, sino financiar el déficit proyectado para este año, con gastos relativos a la pandemia que no estaban contemplados en el presupuesto nacional. “Lo que estamos haciendo es conseguir fondos para financiar estos gastos en condiciones muy buenas, con miras a la reactivación económica”, sintetizó.
Más informaciónSe lanzó al mercado global un nuevo bono en Pesos a tasa fija nominal a 10 años por el equivalente a US$ 1.166 millones y se reabrió el bono global en Dólares a 10 años por US$ 574 millones. En el día de hoy, el Gobierno concretó una operación simultánea de emisión de un bono global en moneda local (en pesos a tasa fija nominal, UYU) con madurez en el año 2031 y la reapertura del bono global en dólares con vencimiento final en 2031. Asimismo, se realizó una oferta de recompra de bonos globales en UYU y dólares de menor plazo. I. Objetivos de las Operación 1) Continuar con el programa de fondeo del gobierno para el año 2021, con el objetivo de financiar las medidas diseñadas para proteger a los sectores más vulnerables y apoyar la reactivación económica y el empleo post-Covid 19. 2) Seguir desarrollando el mercado de bonos en pesos a tasa fija, estableciendo un nuevo bono de referencia (benchmark) en un plazo intermedio. 3) Reducir el riesgo de refinanciamiento y aumentar plazo promedio de la deuda, re-perfilando deuda de corta madurez en ambas monedas. II. Diseño La transacción se ejecutó durante el curso de un día y comprendió: • La emisión de un nuevo bono global en pesos a tasa fija nominal con vencimiento en el año 2031, y la oferta de recompra de los bonos globales en pesos nominales con vencimiento en 2022 y 2028 (“bonos elegibles”). • La reapertura de bono global en dólares con vencimiento final en el año 2031 (amortizable en tres pagos anuales en 2029, 2030 y 2031), y la oferta de recompra de los bonos globales en dólares con vencimiento final en 2022 y 2024 (“bonos elegibles”). • Los tenedores de los bonos elegibles tenían la posibilidad de venderlos a la República bajo dos modalidades: como forma de pago para comprar, respectivamente, el nuevo bono en pesos o la reapertura del de dólares (“ofertas preferidas”), o por efectivo (“ofertas no preferidas”). El proceso previo de marketing de la emisión con inversores locales e internacionales, se llevó adelante en estrecha coordinación con el staff del Banco Central del Uruguay. III. Resultados • La emisión total conjunta alcanzó aproximadamente 1.740 millones de dólares, con un total de las órdenes recibidas por ambos bonos de 3.950 millones de dólares (45% del total de la demanda fue para el nuevo título en moneda local). • El monto emitido del nuevo bono en pesos fue de 1.166 millones de dólares equivalente y se realizó a un rendimiento de 8,25% anual. De ese total, 750 millones fue por efectivo, y el resto será destinado a la recompra de bonos en pesos con vencimiento en 2022 (en su mayoría “ofertas preferidas”). • La reapertura del bono en dólares fue por un total de 574 millones de dólares, y se realizó a un rendimiento de 2,45% anual (correspondiente a un diferencial de 80 puntos básicos respecto al bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos, el diferencial fue inferior al registrado en la emisión y posteriores reaperturas de dicho bono). Del total emitido en dólares, 500 millones corresponden a efectivo, y el resto a la recompra del bono en dólares con vencimiento final 2022. El precio de reapertura del bono fue de US$ 114,783 por cada US$ 100 de valor nominal. • El libro de órdenes consolidado estuvo compuesto por más de 100 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia, Uruguay y otros países de Latinoamérica. IV. Evaluación • A pesar del contexto actual de incertidumbre y volatilidad regional y global, Uruguay logró conseguir financiamiento de gran escala, a plazos intermedios y a tasas bajas en términos históricos. • Al igual que lo sucedido en 2020, Uruguay es el primer soberano latinoamericano en emitir en su propia moneda en 2021. • Esta es la tercera vez que el gobierno emite un título en pesos nominales (es decir, sin indexación a la inflación) a escala global─ logrando reducir la tasa pagada respecto a las emisiones anteriores en dicha moneda durante 2017. • La operación de manejo de pasivos permitirá reducir una parte sustancial de los vencimientos correspondientes a 2022, obteniendo un perfil de amortizaciones más parejo en el tiempo. • La operación permite extender la madurez de la curva de rendimientos en pesos nominales, estableciendo un bono soberano con alta liquidez (benchmark) que servirá de referencia indicativa para el costo de financiamiento en pesos del sector público y privado en el mercado de capitales. Al mismo tiempo, contribuye a potenciar los canales de transmisión de la política monetaria y coadyuva al proceso de desdolarización financiera y desarrollo de los mercados de cobertura que lleva adelante el Banco Central. • La nueva referencia en la curva de rendimientos en pesos nominales a 10 años también aporta información de mercado sobre las expectativas de inflación de mediano plazo, al compararla con los rendimientos de los títulos soberanos en Unidades Indexadas de la misma madurez. En este sentido, la compensación por inflación implícita en la nueva emisión es de 5,99% en promedio, lo que refuerza la credibilidad de la política monetaria.
Más informaciónLa ministra de Economía, Azucena Arbeleche, realizó una puesta a punto de las medidas de apoyo social, laboral y productivo impulsadas por el Gobierno. Destacó que la sociedad uruguaya contará con los recursos para atender la pandemia y agregó que los dineros públicos fueron manejados de forma responsable. “El ahorro en los gastos permanentes es lo que nos permite volcar estos recursos para hacer frente a la pandemia”, dijo. Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Pie de foto:Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Este miércoles 21, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizó un encuentro vía Zoom, en el que presentó un repaso de las medidas de apoyo a los sectores más afectados por la pandemia, anunciadas el pasado 20 de abril. Acompañaron a Arbeleche el subsecretario de la cartera, Alejandro Irastorza, y la responsable de Política Económica, Marcela Bensión. Arbeleche dijo que el primer objetivo era repasar los apoyos que el Gobierno dio a los distintos sectores para enfrentar la pandemia con una mirada hacia la recuperación económica. Destacó que, si estas medidas no se utilizan, no sirven de nada, por lo que es importante que lleguen a los beneficiarios en cada rincón del país. Según explicó, algunas requerirán leyes adicionales, que serán enviadas en los próximos días al Parlamento. El segundo objetivo era que la ciudadanía conociera la magnitud de todos los apoyos que se otorgan, dijo. Estos dineros públicos no son del Gobierno, sino de los contribuyentes, y es necesario saber el esfuerzo que toda la sociedad hace para apoyar a estos sectores, indicó. En ese sentido, anunció que esta semana comienza a difundirse una campaña de bien público para informar acerca de ellas a la población. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son el motor de la economía del país, aportan casi el 40% del producto bruto interno y representan el 99% de las empresas privadas. Las dos terceras partes de la mano de obra privada pertenecen a este grupo de empresas, señaló la jerarca. Los apoyos para este sector abarcan la exoneración del 100% de los aportes patronales al Banco de Previsión Social (BPS), desde enero hasta junio de 2021. Para empresas un poco más grandes, la reducción será del 50%, añadió. En cuanto a los beneficios tributarios, dijo que se reducen impuestos de todas las empresas del país. Con respecto a los monotributistas, el énfasis de las medidas impulsadas apunta a que no salgan de la formalidad por las deudas. "La formalidad tiene su protección de parte del Estado, y no podemos perderla", agregó. Por su parte, Irastorza informó acerca de las medidas referidas a las facilidades de pago de deudas con el BPS y la Dirección General Impositiva (DGI) para todas las empresas del país. También explicó los subsidios en las tarifas de agua, energía y telecomunicaciones para los sectores más afectados. El subsecretario de Economía citó la importancia de la ley de inversiones y los proyectos recibidos en la comisión de aplicación de la citada norma (Comap). Dijo que se recibieron planes relativos a la construcción y la vivienda promovida, que totalizan más de 2.300 millones de dólares, para realizar durante todo el período de gobierno. Indicó que esos proyectos serán analizados y destacó que en la Comap las pequeñas y medianas empresas se ven más favorecidas. A su turno, Bensión mencionó las medidas que facilitan el acceso al crédito para mipymes. Expresó que el acceso de las empresas a la liquidez es fundamental para que no deban cerrar. Hizo referencia a la extensión de los préstamos mediante el mecanismo SIGA, que alcanza a los 800 millones de dólares, de los cuales 540 millones de dólares están garantizados por el Estado. Añadió que se instrumentan beneficios para el acceso al crédito a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), para préstamos a tasa cero hasta 25.000 pesos y líneas de crédito subsidiarias por montos de hasta 100.000 pesos. Finalmente, hizo referencia al reperfilamiento de créditos ya otorgados para las empresas de los sectores más afectados, con 6 meses de gracia para los intereses y 12 meses para el capital. En cuanto al apoyo al empleo, dijo que se flexibiliza el seguro de empleo tradicional y se extiende el subsidio especial por desempleo, hasta el 30 de junio. Agregó que se incorpora el seguro de desempleo a aquellos trabajadores con multiempleo y se extiende de forma extraordinaria la cobertura de salud a trabajadores dependientes y no dependientes que hayan cesado su actividad durante todo 2021. La responsable de Política Económica sostuvo que también recibirán apoyo aquellos hogares más vulnerables, a los que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) les duplicará el monto mensual de las asignaciones familiares por los meses de abril, mayo y junio. Asimismo, el programa Tu App duplicará hasta junio la cifra del cupón canasta que perciben las familias. En lo que respecta a ollas, merenderos y refugios, se les otorga un apoyo de casi 10 millones de dólares para alimentación y vivienda, en el que se incluye la alimentación escolar, que alcanzaría a unos 50.000 niños, señaló. Por último, Arbeleche compartió el monto de los gastos que todos los uruguayos subvencionan con sus impuestos para superar esta pandemia. Explicó que están comprendidos en el Fondo Coronavirus y que se estiman en 900 millones de dólares para todo 2021, equivalentes al 1,6% del producto bruto interno (PBI). A estos gastos, deben sumarse algunos elementos que no forman parte del fondo, pero que deben tenerse en cuenta como renuncia del Estado, y la reasignación de ingresos de Ancap por no trasladar el aumento del crudo a las tarifas de combustible, que equivale a 60 millones de dólares. El beneficio de tarifas públicas implica un gasto de casi 5 millones de dólares, añadió. La ministra explicó que la cifra total de 900 millones de dólares se compone del apoyo al sector más vulnerable, por 130 millones de dólares, al sanitario, por 420 millones de dólares, y al productivo y de empleo, por 350 millones de dólares. Resaltó: “Toda la sociedad uruguaya tendrá todos los recursos necesarios para atravesar la pandemia y mirar hacia adelante, hacia la reactivación económica. No nos vamos a quedar atrás en los apoyos, daremos todos los recursos necesarios para salir adelante”. Agregó que el Gobierno hizo un manejo cuidadoso de los dineros públicos, estudiando los colectivos que más necesitaban ese apoyo. Explicó que se efectuó una separación de los gastos estructurales en los que había posibilidades de ahorro y que son esos ahorros en los gastos permanentes los que permiten brindar recursos para atender a los sectores más afectados por la pandemia.
Más informaciónLos ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y de Industria, Omar Paganini, anunciaron el lunes 12 que no se aumentará el precio de los combustibles, y expusieron el nuevo mecanismo de fijación de tarifas para transparentar el sistema. Arbeleche dijo que la decisión implica costos de 30 millones de dólares solo en abril, pero que “el Gobierno lo entendió necesario como apoyo al sistema productivo y a la ciudadanía”. Ministros Azucena Arbeleche y Omar Paganini Pie de foto:Ministros Azucena Arbeleche y Omar Paganini “A pesar de la evolución de las tarifas en la región y de que en Uruguay el precio del gasoil no se modifica desde enero de 2018, el Gobierno decidió no trasladar los aumentos en el precio del petróleo a los combustibles. No se va a aumentar el precio de la nafta ni del gasoil en este momento”, anunció Arbeleche. La ministra ilustró que en noviembre de 2020 el precio del crudo Brent, que es el que Ancap toma como referencia para la fijación del precio de los combustibles, estaba por debajo de los 40 dólares por barril y que se fue incrementando con el transcurso de los meses hasta situarse en 65 dólares por barril, en marzo. Explicó que, entre marzo y diciembre del último año, el aumento del precio del petróleo fue 30,8 %, lo que determinó un incremento de naftas y gasoil en muchos países. La secretaria de Estado justificó la decisión anunciada en que “el país está viviendo momentos extraordinarios, que también requieren respuestas extraordinarias”. Agregó que “este es un apoyo que el Gobierno le da al sector productivo, principalmente a las empresas más pequeñas, para que puedan pasar la situación de pandemia”. El costo que genera solo en abril esta determinación es de 30 millones de dólares, lo que, consideró, significa un “deterioro en el resultado fiscal”, pero es algo que “el Gobierno entiende necesario para apoyar al sistema productivo y a la ciudadanía en general”. Arbeleche señaló que el “manejo responsable de las finanzas públicas” en 2020 y 2021 permitió tomar la decisión anunciada. Agregó que el Poder Ejecutivo continuará el monitoreo mensual de la evolución del precio del crudo y resolverá cuándo corresponda trasladar los incrementos a las tarifas públicas. A continuación, Paganini se refirió al nuevo esquema de fijación de tarifas, mecanismo que se utilizará para el próximo incremento de combustibles y sobre el que señaló que fue elaborado para aportarle más transparencia al sistema y evitar usos discrecionales en la fijación de las tarifas. Otro objetivo mencionado de los cambios es generar incentivos para disminuir los costos nacionales asociados a los combustibles, como es el caso de la cadena que incluye la refinación, distribución y comercialización. El nuevo sistema de fijación de tarifas de combustible, según explicó, se basa en dos componentes centrales: en el precio y la paridad de importación, al que se agregó un factor denominado x, adjudicado a sobrecostos en los que incurre la petrolera estatal, porque hay pérdidas y subsidios que debe absorber, y porque padece de un sobreprecio estructural que debe llegar a cero en una transición de tres años y que implicará cambios en el sector. El factor x se compone de los costos en que incurre Ancap por asumir pérdidas en el negocio del cemento pórtland, que es deficitario hace más de 20 años, y se traslada al precio del combustible. Además, la mezcla de agrocombustibles que realiza el organismo está por encima de lo que marca la ley, y también generan sobrecostos el subsidio al supergás, así como gastos estructurales de la petrolera. Al día de hoy, la suma de todos elementos representa 3 pesos por litro de combustible vendido, indicó el expositor.
Más informaciónLa titular de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizó un balance económico de 2020 y presentó las perspectivas macroeconómicas para el año en curso. Explicó que se destinaron 1.217 millones de dólares para atender la crisis sanitaria por COVID-19, lo que representa un 2,3% del producto interno bruto (PIB), y afirmó que se cumplió con todas las estimaciones fiscales sin suba de impuestos. Azucena Arbeleche Pie de foto: Azucena Arbeleche En un contexto internacional marcado por la pandemia sin antecedentes de COVID-19, nuestro país destinó en 2020 el equivalente a 2,3% del PIB, a pesar de que perdió recaudación del orden de los 2.000 millones de dólares, afirmó Arbeleche. La ministra presentó, este lunes 8 en la Torre Ejecutiva, el informe de balance y perspectivas macroeconómicas de Uruguay. Estuvo acompañada por el subsecretario Alejandro Irastorza, la directora de Política Económica, Marcela Bensión, y el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco. “A pesar de los gastos para responder a la pandemia, se cumplieron todas las estimaciones fiscales sin subas de impuestos”, enfatizó Arbeleche. Las previsiones incluyen los ítems resultado fiscal efectivo y estructural, aumento de gasto primario, tope de endeudamiento neto e índice de precios. “Vamos a seguir apoyando el combate a la pandemia”, aseveró, y añadió: “Tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras que nos hacen pensar que lo peor quedó atrás”. Arbeleche informó que al 31 de diciembre del año pasado, y mediante el mecanismo del Fondo Coronavirus, que fuera votado en forma unánime por todos los partidos políticos con representación parlamentaria para hacer frente a la pandemia, las erogaciones alcanzaron los 711 millones de dólares, equivalentes a 1,3% del PIB. Este monto está alineado a la exposición de motivos de la presentación del presupuesto nacional, apuntó. Sobresalen en el referido monto el seguro de desempleo (238 millones), la reasignación de aportes (213 millones), medidas del Ministerio de Desarrollo Social (144 millones) y en salud (48 millones). La integrante del Poder Ejecutivo sostuvo que la rápida respuesta del Gobierno permitió enfrentar la pandemia y mitigar los impactos económicos y sociales. En ese sentido, enumeró las medidas de apoyo al sector productivo con foco en las medianas y pequeñas empresas. Citó la exoneración del 40% de los aportes patronales y personales y el aplazamiento del vencimiento de tributos. Además, recordó el seguro de desempleo y subsidios a monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la exoneración de aportes patronales en transportes escolares, organización de eventos, agencias de viaje y transporte turístico y medidas aplicadas en la actividad turística, como el impuesto al valor agregado (IVA) cero a hotelería, la devolución de nueve puntos de IVA en arrendamiento de vehículos y gastronomía, entre otras. Estas iniciativas se complementaron con otras de apoyo a los hogares vulnerables, como los programas sociales tarjeta Uruguay Social, Instituto Nacional de Alimentación, asignación familiar del Plan Equidad y la aplicación Tuapp, el seguro por enfermedad para mayores de 65 años, la instalación de nuevos refugios para personas en situación de calle y la cobertura transitoria del Fondo Nacional de Salud a desempleados. Arbeleche dijo que en los tres primeros instrumentos se verificó un incremento del 56% en las transferencias de 2020 en relación con el año anterior. Esto no incluye a Tuapp, que es una herramienta nueva. En cuanto a la totalidad de las transferencias, estas alcanzaron un incremento del 40%. En 2019, llegaron a 602.000 beneficiarios y en 2020, a 841.000, básicamente titulares y menores. Si se considera a otras personas en contextos de vulnerabilidad, la cifra supera los 1,1 millones de personas. La secretaria de Estado destacó el Fondo Coronavirus como una herramienta para “encapsular gastos y promover la transparencia” de las finanzas públicas. Desde este punto de vista, el mecanismo se vuelve un “instrumento muy relevante”, dijo, porque “nos permite separar, en una caja aparte colocar los gastos transitorios para hacer frente a la pandemia”, del resto del manejo de las finanzas públicas. Al seguro de desempleo tradicional, se le sumó el parcial y flexible, fueron incorporados con el objetivo de que la actividad económica continuara funcionando, aun a una velocidad diferente. Esto se mantiene con horizonte al 31 de marzo, expresó. En 2020 el 60% de quienes accedieron al seguro de desempleo lo hicieron por concepto de suspensión de tareas, mientras que en 2019 el 66% de los trabajadores recurrió al instrumento por motivos de despido. En los últimos meses, el Gobierno constató una estabilidad en el número de personas que acceden al seguro por desempleo. “La pandemia continúa y lo que se haga para apoyar al trabajador está bajo continua revisión”, manifestó. “El esquema de seguro de desempleo es para proteger al trabajador que está en la formalidad y también tenemos que proteger al que está en la informalidad y que es quien más está sin trabajo”, aclaró. Cálculo para la base de prestaciones y contribuciones (BPC) Consultada acerca de por qué se decidió modificar la referencia del índice de precios al consumo (IPC) por el índice medio de salarios (IMS) para el cálculo de la BPC, indicó que se tomó esa opción porque permite mantener la contribución tributaria del impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF). Enfatizó que “no se recauda ni más ni menos” y agregó que el promedio es neutral porque la recaudación es la misma. Arbeleche dijo que aquellas personas cuyo salario se incrementó en igual medida que el IMS se encuentran en idéntica situación y que, en promedio, abonarán exactamente lo mismo que de la otra forma. Afirmó que se definió mantener la carga impositiva del 35% de los trabajadores, que son quienes pagan el IRPF, para hacer frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria por COVID-19. Agregó que la pandemia persiste en 2021, por lo que se continuará con el apoyo social, sanitario y económico necesario para transitarla.
Más informaciónEn la reunión de ministros de Economía y de Hacienda y presidentes de los bancos centrales del Mercado Común del Sur (Mercosur), desarrollada en forma virtual, este lunes 14, estuvieron presentes autoridades de los Estados parte y Estados asociados, bajo la presidencia “pro temporeˮ de Uruguay. La actividad se desarrolló en el marco de la LVII Reunión Ordinaria del Consejo de Mercado Común del bloque regional. LVII Reunión Ordinaria del Consejo de Mercado Común del Mercosur Pie de foto: LVII Reunión Ordinaria del Consejo de Mercado Común del Mercosur La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el presidente del Banco Central de Uruguay, Diego Labat, participaron por Uruguay. Asimismo, por los ministerios de Hacienda y de Economía del bloque de integración, asistieron el titular de Economía de Argentina, Martín Guzmán; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes; el de Hacienda de Paraguay, Óscar Llamosas, y el viceministro del Tesoro y Crédito Público de Bolivia, Sergio Cusicanqui. Los presidentes de los bancos centrales presentes fueron el de Brasil, Roberto Campos Neto; el de Argentina, Miguel Ángel Pesce; el de Paraguay, José Cantero, y el de Bolivia, Roger Rojas.
Más informaciónUruguay avanza en el proceso de atraer grandes inversiones, como motor económico y de generación de empleo, afirmó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, quien, junto a su par de Turismo, Germán Cardoso, encabezó el acto de la firma para la construcción de un casino privado en Punta del Este. El proyecto, que demandará una inversión de más de 450 millones de dólares, comenzará en la segunda mitad de 2021. Autoridades en firma de la cesión Pie de foto: Autoridades en firma de la cesión Se trata de la inversión más importante en la actualidad del grupo internacional del empresario Giuseppe Cipriani, quien participó en la ceremonia de adjudicación junto a Cardoso y Arbeleche, este viernes 4, en la sede del Ministerio de Turismo. Una vez inaugurado, el establecimiento turístico generará más de 800 empleos, detalló el ejecutivo. Arbeleche destacó la importancia de esta adjudicación internacional, que concede la explotación privada de juegos de azar, con un casino condicionado a la construcción de un hotel de lujo a la empresa Fosara S.A., del grupo Cipriani. “Seguimos avanzando en el proceso de (captar) grandes inversiones que necesita nuestro país”, como motor económico y de generación de empleo, para lo cual el Gobierno nacional diseñó diversos instrumentos, indicó. La ministra reconoció la apuesta a futuro realizada por este grupo inversor, más allá de la actual situación generada por la pandemia de COVID-19. En tanto, Cardoso dijo que Uruguay es reconocido en el mundo por su estabilidad jurídica, económica y política, que ofrece las posibilidades para desarrollar proyectos de inversión económica de gran porte. El ministro de Turismo se mostró optimista respecto a que, una vez superada la pandemia, con ayuda de las vacunas, volverá a crecer la actividad en el sector turístico y de servicios. Adelantó que la cartera tiene en carpeta el desarrollo de otros proyectos de porte similar, como la construcción de un hotel con casino en la costa de Rocha y otro en la ciudad coloniense de Carmelo. “Vamos a tener una incidencia y generación de ocupación de puestos de trabajo y desarrollo de proyectos de interés que se irán materializando en 2021”, anticipó.
Más informaciónComo forma de estimular la inversión privada en el sector de la construcción, el Poder Ejecutivo estudia la posibilidad de disminuir, de 6 millones de dólares a 2, el monto de dinero exigido para presentar proyectos ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP). Así lo informó el presidente Luis Lacalle Pou durante un almuerzo con directivos de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Presidente Lacalle Pou Pie de foto:Presidente Lacalle Pou La COMAP funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y su objetivo es promover y proteger las inversiones nacionales y extranjeras en Uruguay. La normativa, regida por la ley n.º 16.906, del 20 de enero de 1998, y decretos reglamentarios, establece que el régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por extranjeros será similar al efectuado por inversores nacionales. Sabemos que hay proyectos pendientes, que generarán inversión y mano de obra, declaró Lacalle Pou a los medios de comunicación, este martes 10. Añadió que, junto con el MEF, se analiza una reducción del monto solicitado para presentar proyectos ante la COMAP. En la actualidad, el requisito es de unos 6 millones de dólares, y el objetivo es reducirlo a 2 millones, puntualizó. Consultado por la situación de los asentamientos irregulares y el acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía, el presidente de la República respondió: “Estamos en eso, planes tenemos muchos. Estamos en el tratamiento del presupuesto y conversando con los otros partidos para ver dónde termina. Después de que se arregle el articulado en la coalición, lo podemos conversar”. Además, señaló que el Gobierno trabaja para mejorar el acceso a préstamos, alquileres y garantías para viviendas. “El abanico de la necesidad de vivienda lo vamos a atender”, afirmó. Lacalle Pou destacó el rol fundamental del sector de la construcción para el crecimiento de la economía y, por eso, dijo, el Gobierno diseñó medidas de estímulo a la inversión para proyectos de menor envergadura, que se suman a los megaproyectos y las viviendas de interés social. Asimismo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estudia la mejora del proyecto presentado en mayo para implementar un Fondo COVID para este sector.
Más informaciónLograr un sistema justo entre generaciones, solidario y financieramente viable es el pilar de la reforma previsional que impulsará el Gobierno, manifestó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, durante una videoconferencia con autoridades y especialistas de CAF-Banco de Desarrollo. Adelantó que este jueves 5 se realizará la primera reunión del grupo de expertos que diagnosticará el sistema en 90 días. Azucena Arbeleche Pie de foto:Azucena Arbeleche Arbeleche sostuvo que nuestro país cuenta con un sistema previsional con amplia cobertura, que ubica a Uruguay en lugares de privilegio en la comparación internacional. Señaló que, sin perder la protección social, hay que adecuar los beneficios y mejorar la sostenibilidad financiera. Para reformar el sistema, fue creada una comisión de expertos que esta semana comenzará sus labores. Esta comisión, según adelantó la ministra, está compuesta por 15 miembros que representan a sectores sociales, laborales y políticos. Dedicará 90 días a diagnosticar el sistema y otros 90 días a presentar una propuesta de rediseño. Los elementos centrales de la propuesta deberán integrar principios como la justicia intergeneracional, la solidaridad para alcanzar una cobertura mínima y viabilidad en el largo plazo, sintetizó. Por otra parte, recordó que la informalidad en América Latina supera el 60%, mientras que en Uruguay es del 25%. Subrayó que el teletrabajo y las plataformas digitales de empleo son una oportunidad para el país, porque los cambios tecnológicos también implican mayor productividad. En ese marco, indicó que las nuevas formas de trabajo deben estar integradas en la reforma, al igual que la incorporación de trabajadores a la formalidad y la mejora de las respuestas a los cuentapropistas. Arbeleche participó en el panel “Reformas recientes y futuras de pensiones y salud en la región”, al igual que el asesor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y ex ministro de Finanzas de Chile, Alberto Arenas de Mesa; el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya Hayes, y el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la ciudad de México, Carlos Noriega. La instancia fue moderada por el vicepresidente de Conocimiento de CAF, Pablo Sanguinetti. Este panel fue precedido por los comentarios del investigador de Brookings Institution, Santiago Levy, y de la ex jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad del Banco Interamericano de Desarrollo, Carmen Pagés. La presentación del informe fue iniciada por el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Uriarte, y por el subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Yorio. El reporte fue presentado por el economista de CAF Fernando Álvarez. Los expertos recordaron que, en América Latina, la informalidad, el envejecimiento y la pandemia de COVID-19 son desafíos importantes para la mejora en la cobertura de los sistemas de salud y pensiones, según el informe presentado en la jornada por CAF-Banco de Desarrollo.
Más informaciónLos niveles de solvencia y liquidez del sistema financiero uruguayo fueron destacados por el Comité de Estabilidad Financiera, por permitir al país una gestión de los impactos por eventuales avances o profundización de la pandemia de COVID-19. Este organismo, conformado por autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, no identificó dificultades en el funcionamiento de la cadena de pagos. Reunión del Comité de Estabilidad Financiera Pie de foto:Reunión del Comité de Estabilidad Financiera El Comité de Estabilidad Financiera mantuvo una reunión este miércoles 21, encabezado por la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat. Estuvieron acompañados por la directora de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Marcela Bensión; el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera; y el presidente de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, Daniel Dominioni. En el encuentro, las autoridades consideraron que el sistema financiero uruguayo se encuentra estable, en condiciones de procesar los riesgos inherentes a los problemas ocasionados por la pandemia de COVID-19. Destacaron su solvencia y liquidez, así como los resultados de las políticas económicas dispuestas. También mencionaron la fortaleza institucional del sistema financiero uruguayo, la flexibilidad cambiaria, la disminución de los descalces financieros en el sector privado, el nivel de reservas internacionales, la estructura del endeudamiento y las líneas de crédito precautorios en el sector público, entre otros puntos. Los jerarcas reconocieron los efectos de la pandemia sobre la economía nacional verificados en los datos de la actividad durante el primer semestre. Apreciaron que fueron atendidos con medidas sanitarias y sociales. Por otra parte, la pandemia contrajo la economía mundial de forma abrupta en el primer semestre y, con indicadores que presentaban mejoras, los rebrotes de la enfermedad elevaron los niveles de incertidumbre y complicaron los procesos de corrección macroeconómicos, indica el documento.
Más informaciónAnte jerarcas americanos y europeos convocados por CAF-Banco de Desarrollo, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, subrayó que la posición del Gobierno ante el proteccionismo comercial es ampliar el comercio, la inversión y la cooperación. “Uruguay es un país pequeño que se juega muchísimo en tener una economía abierta y recibir inversiones”, afirmó este jueves 15. Azucena Arbeleche Pie de foto:Azucena Arbeleche “Uruguay ha dejado muy clara su postura en esta pandemia respecto al proteccionismo. Un país pequeño se juega muchísimo en tener una economía abierta y recibir inversiones. Ante estos problemas mundiales, las respuestas tienen que ser entre todos y el desafío debe abordarse entre todos. La respuesta es más comercio, más inversión, más cooperación”, consideró la ministra. A la conferencia organizada por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, titulada “Relaciones Europa-América Latina”, asistieron la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, el ministro de Economía de Ecuador, Mauricio Pozo, y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Emma Navarro. Arbeleche subrayó que la economía uruguaya muestra señales de recuperación y que el caso uruguayo presenta una crisis acotada, con datos de 300 casos activos y 51 muertes en 3 millones de habitantes, una situación diferente a la región, pero que aún se debe tomar con cautela. Los pilares de la estrategia uruguaya fueron una combinación de libertad de sus ciudadanos con responsabilidad, el respaldo de la comunidad científica, un liderazgo político claro del presidente Luis Lacalle Pou y medidas para el área social, sanitaria y económica, que evitaron la cuarentena obligatoria, y se respaldó a la actividad productiva. Basado en un sistema de protección social consolidado, durante la emergencia sanitaria fueron dispuestas medidas innovadoras, como el seguro de paro parcial. A esto se sumó la postergación del pago de impuestos, subsidios a los sectores vulnerables y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas con créditos garantizados por el Estado. Sobre el manejo de la deuda, Arbeleche recordó la política de prefinanciamiento con líneas de crédito contingente de organismos multilaterales, que permitieron el acceso a créditos y la emisión de deuda a tasas bajas. “Más allá de esto, el impacto fue fuerte en Uruguay, con una caída del producto interanual en el trimestre de 11%. Estamos viendo indicadores que muestran una reactivación: indicadores de las personas en seguro de desempleo, de recaudación de impuestos, de venta de autos y de demanda de combustible, que nos muestran que la economía se estaría reactivando, y la estimación es que la caída este año sería de 3,5%”, destacó. Remarcó la importancia de la atención a la emergencia sanitaria, pero con mirada de largo plazo. Para esto, recordó la ley de urgente consideración aprobada en julio y el proyecto de ley de presupuesto, que incluyen reformas estructurales, como una nueva gobernanza en empresas públicas, la reforma de la seguridad social y cambios en el régimen de promoción de inversiones
Más informaciónEl Gobierno atendió las consecuencias de la pandemia con mayores recursos para sostener a la población más vulnerable, pero impulsa los cambios estructurales que le permitan al país un incremento de la inversión y el empleo, estableció la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en diálogo con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner. Azucena Arbeleche Pie de foto:Azucena Arbeleche Durante un diálogo con el director Werner, en el marco de las reuniones anuales de la secretaría de Estado, Arbeleche detalló las principales medidas que Uruguay adoptó ante la pandemia de COVID-19. Entre ellas, citó la suspensión de eventos públicos y de las clases presenciales en todos los niveles educativos, el cierre de fronteras y la creación del Fondo Coronavirus. Añadió el aporte de los científicos que, entre otras innovaciones, ayudaron con el desarrollo de pruebas para la detección del virus, lo que mejoró la capacidad de testeo y el seguimiento de casos. Según la ministra, el liderazgo del presidente Luis Lacalle Pou, la comunicación gubernamental y el impulso a la libertad responsable de la ciudadanía también evitaron el confinamiento obligatorio como medida para enfrentar la COVID-19. Arbeleche indicó que el principal objetivo fue sostener a los uruguayos que se encontraban en situación de vulnerabilidad y a las pequeñas y medianas empresas. Para esta meta, destacó la fortaleza del sistema sanitario, las transferencias directas a través de los sistemas sociales y el seguro de desempleo, entre ellos, el parcial. Estas medidas, comentó, permitieron que la economía prosiguiera en movimiento. Además, fueron diferidos los pagos de impuestos y cuotas, se mantuvo el respaldo del Gobierno central a los sistemas de seguridad social y se utilizaron instrumentos financieros para mantener la liquidez de la economía, añadió la jerarca. A pesar de este contexto, también se confirmaron los objetivos de mediano plazo con medidas legislativas urgentes e iniciativas presupuestales, que impulsaron reformas estructurales, como una nueva institucionalidad fiscal y una reducción significativa de la inflación a lo largo del quinquenio. Con un resultado fiscal proyectado de 6,5 puntos porcentuales del producto bruto para este año, la meta es una reducción a partir del año próximo, mayor transparencia del Banco Central, nueva gobernanza de las empresas públicas y mejoras de la competitividad, reforma del sistema previsional, una política comercial más proactiva, cambios en el otorgamiento de la residencia fiscal y un régimen de inversiones que promueva la actividad económica. Para finalizar, Arbeleche recordó que nuestro país cuenta con buenos indicadores internacionales en materia de derechos humanos, democracia, transparencia y ambiente. Mencionó la reciente creación del Ministerio de Ambiente y la marca Uruguay Natural, que constituyen un compromiso de toda la sociedad por el cuidado de los recursos naturales uruguayos para las futuras generaciones.
Más información
